Familiares de detenidos por el caso Pdvsa Obrero exigen medidas cautelares y juicios en libertad para 77 ciudadanos

Los familiares de los 77 trabajadores procesados bajo la causa judicial denominada Pdvsa Obrero exigieron la aplicación de medidas cautelares sustitutivas para que los imputados puedan enfrentar su respectivo juicio en libertad. La petición fue formalizada durante una rueda de prensa celebrada por los allegados, quienes denunciaron de manera pública diversas vulneraciones al debido proceso y advirtieron sobre el progresivo deterioro en el estado de salud de los reclusos en los centros de detención donde se encuentran confinados. El expediente judicial en cuestión abarca a un total de 62 civiles que formaban parte de distintas dependencias estratégicas, incluyendo a Petróleos de Venezuela, el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, la Policía Nacional Bolivariana, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Ministerio de Petróleo, además de sumar a 15 efectivos procedentes de la Fuerza Armada Nacional. De acuerdo con los datos aportados por las fuentes informativas, el Ministerio Público imputó a todos estos ciudadanos los delitos de presunto contrabando de combustible, sabotaje, asociación para delinquir, daños a la infraestructura estatal y corrupción. Durante el encuentro con los medios, la abogada Zimaru Fuentes, quien participa como familiar directo de uno de los procesados, expuso de manera detallada que los derechos fundamentales de los detenidos sufrieron múltiples violaciones desde la fase inicial de las averiguaciones. Fuentes manifestó ante la opinión pública que los propios imputados mantienen la solicitud expresa de que se desarrolle el juicio para lograr demostrar su absoluta inocencia frente a los señalamientos públicos recibidos. A esta demanda principal se sumó la grave situación médica que experimentan varios de los internos, ya que los voceros del comité de familiares alertaron que al menos 10 de los juzgados padecen enfermedades crónicas de extrema urgencia médica. Entre los afectados figuran personas que poseen antecedentes de infartos cardíacos, así como reclusos que presentan amputaciones de extremidades y que, según lo denunciado, no reciben la atención clínica adecuada dentro de los recintos de reclusión. Por su parte, la activista de derechos humanos Luztay Franco calificó las aprehensiones ejecutadas como un procedimiento de carácter desmedido dirigido en contra de la fuerza laboral perteneciente al sector de hidrocarburos. Franco detalló que el setenta y cinco por ciento de los empleados de Pdvsa que se encuentran privados de libertad en esta causa específica se encontraban tramitando su jubilación y contaban con un respetable lapso de servicio de entre 20 y 25 años dentro de la industria estatal. Asimismo, la defensora indicó que los trabajadores que fueron liberados con anterioridad aún mantienen solicitudes activas en el Sistema de Información Policial, un hecho que les impide de manera formal la reincorporación a sus puestos de trabajo y los mantiene sumidos en una profunda indefinición económica. El encuentro contó con la destacada participación del diputado a la Asamblea Nacional Tomás Guanipa, quien solicitó de manera formal la emisión inmediata de las boletas de excarcelación y cuestionó con dureza el presunto uso de los juzgados como elementos de canje dentro de las negociaciones políticas. Durante su intervención, Guanipa exhibió un esquema que contenía los nombres del exfiscal Tarek William Saab, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez, y el defensor público general, Daniel Ramírez, a quienes responsabilizó directamente por las irregularidades registradas en las causas judiciales. Las acciones emprendidas por el comité de parientes forman parte de un plan amplio de gestiones institucionales. El pasado 30 de septiembre de 2026, una representación compuesta por los familiares asistió a una reunión formal con la Comisión de Paz y Reconciliación Nacional de la Asamblea Nacional, donde fueron recibidos por la secretaria ejecutiva Ana María Sanjuán. En aquella cita, los voceros consignaron formalmente los informes médicos correspondientes a los reclusos Larry Moya, María Alejandra Romero, Renier Masetti y Lennys Cruz con el propósito de fundamentar las solicitudes de medida de libertad. De igual manera, el grupo entregó una evaluación social que demuestra de forma cuantitativa que un total de 140 niños y jóvenes de hasta 21 años de edad dependen de manera directa del sustento económico que aportaban los 77 trabajadores que hoy se encuentran encarcelados. Ante esta realidad adversa, los allegados dirigieron un pedido puntual a la delegación de la Asamblea Nacional electa en el año 2015 para que mantenga la exigencia firme de la liberación de los presos políticos como un punto central dentro de las mesas de diálogo establecidas con el Gobierno nacional.