Otorgan medida de excarcelación a la trabajadora petrolera Lenny Cruz enmarcada en el expediente judicial Pdvsa Obrero

La trabajadora de la industria petrolera Lenny Cruz, quien se encontraba procesada dentro de la causa judicial conocida públicamente como Pdvsa Obrero, recibió una medida de excarcelación durante este viernes 9 de octubre. La información sobre la liberación de la empleada fue difundida de manera oficial por las organizaciones de familiares y los diversos comités de derechos humanos que se dedican a promover la defensa jurídica y social de los trabajadores que permanecen encarcelados bajo este mismo expediente. La excarcelación de Cruz se materializa apenas tres días después de que el comité conformado por los parientes llevara a cabo una rueda de prensa en la ciudad de Caracas para exigir de manera pública la aplicación de medidas cautelares sustitutivas en favor de los 77 detenidos que abarca esta investigación. Durante aquella comparecencia ante los medios de comunicación, los familiares de los procesados alertaron de forma categórica sobre el grave deterioro de la salud que venían presentando diez de los reclusos, quienes enfrentan diversas patologías de gravedad en sus centros de reclusión. Es importante destacar que la trabajadora Lenny Cruz figuraba de manera expresa dentro del grupo prioritario de pacientes cuyos informes médicos completos fueron presentados de forma formal ante las distintas autoridades estatales competentes. Esta excarcelación se produce como resultado directo de una serie de diligencias institucionales que han venido realizando los parientes de los ciudadanos procesados. El pasado 30 de septiembre, una delegación representativa de las familias asistió formalmente a la sede de la Asamblea Nacional con el propósito fundamental de sostener una reunión de trabajo con la Comisión de Paz y Reconciliación Nacional. En dicha instancia legislativa, la secretaria ejecutiva de la comisión, Ana María Sanjuán, fue la encargada de recibir personalmente los expedientes clínicos vinculados a este caso. Durante el encuentro mantenido en el Parlamento, los voceros autorizados por las familias consignaron la documentación médica correspondiente al caso específico de Lenny Cruz, además de entregar los expedientes de otros detenidos identificados como Larry Moya, María Alejandra Romero y Renier Masetti. El objetivo principal de la entrega de estos documentos fue fundamentar formalmente las solicitudes de excarcelación urgente, argumentando los riesgos inminentes que existían para la integridad física y la vida de los internos. Las denuncias que fueron remitidas de manera formal a la instancia parlamentaria expusieron con claridad que Cruz requería con urgencia una atención clínica especializada que resulta completamente inaccesible bajo el régimen ordinario de reclusión. La causa judicial denominada Pdvsa Obrero agrupa en total a 62 civiles que pertenecen a diversas instituciones y empresas estratégicas, entre las que destacan la estatal Petróleos de Venezuela, el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, la Policía Nacional Bolivariana, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, y el Ministerio de Petróleo, además de sumar a 15 efectivos que formaban parte de la Fuerza Armada Nacional. En el marco de este proceso, el Ministerio Público imputó formalmente a los trabajadores una serie de delitos graves, entre los que se incluyen el presunto contrabando de combustible, sabotaje, asociación para delinquir, corrupción y daños ocasionados a la infraestructura del Estado. Defensores de derechos humanos y los abogados encargados de la defensa legal de la causa han documentado rigurosamente que el 75% de los empleados petroleros que terminaron encarcelados se encontraban cumpliendo los trámites para su proceso de jubilación al momento exacto en que se ejecutaron sus detenciones, acumulando trayectorias laborales dentro de la corporación que oscilan entre los 20 y los 25 años de servicio. Pese a que la excarcelación de Lenny Cruz representa un avance en las gestiones particulares, el comité de familiares ha informado que mantiene firmes las exigencias orientadas a lograr la excarcelación definitiva para el resto de los trabajadores que continúan imputados. Asimismo, las organizaciones reclaman de manera enfática la anulación de todos los registros policiales que se encuentran asentados en el Sistema de Información Policial, conocido por sus siglas como Siipol, y el restablecimiento integral de todos los derechos laborales que le corresponden a la fuerza de trabajo que ha resultado afectada por esta situación procesal.