El Ejecutivo nacional defiende su gestión frente a la crisis eléctrica mientras expertos advierten un grave deterioro en Guri

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, afirmó que la administración gubernamental enfrenta de manera directa la situación del servicio eléctrico en las zonas populares del país. Durante la emisión de su programa Con el mazo dando, el funcionario reconoció públicamente las fallas en el suministro de energía como un problema de gravedad para el Estado venezolano y sostuvo que las instituciones del Ejecutivo ofrecen atención directa en las comunidades.

Según la versión expuesta por Cabello, representantes del Ejecutivo se encuentran presentes en barrios, urbanizaciones y comunas para dar respuestas institucionales ante las constantes interrupciones del servicio eléctrico. El dirigente político también cuestionó a los dirigentes de la oposición, a quienes acusó de utilizar la actual contingencia energética para promover escenarios de desestabilización y protestas en las calles del país.

En sus declaraciones, el ministro comentó que los sectores adversos al oficialismo no lograron concretar convocatorias de manifestaciones masivas sobre la base de esta problemática en las diferentes regiones. Las afirmaciones del representante oficialista se producen en un contexto marcado por interrupciones continuas del fluido eléctrico que afectan de manera simultánea a múltiples estados del territorio nacional.

Informes emitidos por comités de usuarios y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos documentan que las entidades del occidente y el centro de la nación, tales como Zulia, Táchira, Mérida, Trujillo, Carabobo y Lara, sufren esquemas de racionamiento diario. Estos cortes en el suministro eléctrico oscilan habitualmente entre cuatro y ocho horas de duración, manteniendo la inestabilidad en la red nacional tras los colapsos generales registrados previamente.

La inestabilidad estructural del sistema eléctrico venezolano persiste tras los apagones masivos ocurridos en los años 2019 y 2024, a los que se sumaron nuevos incidentes en las líneas de transmisión durante el transcurso del año 2026. Ante este panorama, el exviceministro de Energía Eléctrica Víctor Poleo declaró a la fuente periodística que el sistema se encuentra en condiciones sumamente críticas en comparación con periodos anteriores.

Para el experto, a pesar de haber recibido supuestamente una inversión acumulada de cien mil millones de dólares, Venezuela produce en 2026 una cantidad de energía equivalente a la registrada en 1998, oscilando entre nueve mil y diez mil megavatios. Poleo advirtió que la vulnerabilidad de la red eléctrica ha alcanzado un nivel sin precedentes en la historia reciente de la nación suramericana.

El especialista sentenció que el país está veinte veces peor que en el año 2019, al comparar la coyuntura actual con el histórico apagón que dejó a oscuras a la totalidad del territorio nacional. De acuerdo con su análisis, la razón fundamental de esta afirmación trasciende el deterioro acumulado de los servicios públicos y apunta directamente a un grave siniestro mecánico ocurrido en el corazón de la región del Bajo Caroní.

El pasado 29 de agosto de 2026, la casa de máquinas número dos de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, ubicada en la represa de Guri, sufrió un accidente de proporciones catastróficas que la administración estatal mantuvo bajo absoluto hermetismo. Esta infraestructura, concebida como una obra cumbre de la ingeniería venezolana en la segunda mitad del siglo XX, alberga diez turbinas tipo Francis con una capacidad de 770 megavatios cada una.

A pesar de las reiteradas advertencias formuladas sobre la precariedad de su funcionamiento mecánico y las intensas vibraciones detectadas en la planta, el personal encargado no atendió las alertas a tiempo. Especialistas del Colegio de Ingenieros de Venezuela y técnicos del sector energético explican que el deterioro general del sistema obedece a la falta de mantenimiento preventivo y a la escasez de repuestos especializados.

A estos factores se suman la desinversión acumulada en las plantas de generación térmica y la migración sostenida de personal calificado de la empresa estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec). Evaluaciones realizadas por el gremio de ingenieros señalan que la dependencia casi exclusiva de la central hidroeléctrica Simón Bolívar genera un cuello de botella logístico en la distribución de energía hacia el centro y occidente del país.

En contraste con los diagnósticos técnicos presentados por especialistas independientes, la versión oficial ofrecida por el Ministerio de Energía Eléctrica y el Ministerio de Relaciones Interiores sostiene que las fallas del servicio obedecen a actos de sabotaje y ataques deliberados dirigidos contra la infraestructura estratégica de la nación.

A pesar de los señalamientos oficiales sobre sabotaje, las autoridades estatales no difunden de manera regular los planes de contingencia ni los cronogramas oficiales de racionamiento por sectores, una circunstancia que incrementa de forma constante los niveles de incertidumbre entre los ciudadanos afectados por las restricciones energéticas.