Solicitud de suspensión cautelar para proyectos de hidrógeno en Zamora por posible impacto ambiental

Ecologistas Zamora solicitará la paralización cautelar de dos plantas de hidrógeno verde previstas en Granja de Moreruela, en la provincia española de Zamora. La petición surge después de que la Junta de Castilla y León concediera esta semana las autorizaciones ambientales para ambos proyectos.

La organización sostiene que existen motivos relacionados con el procedimiento administrativo y con el posible impacto de las instalaciones sobre la reserva natural de las Lagunas de Villafáfila, situada en Tierra de Campos. Además de pedir la suspensión temporal, el colectivo anunció que presentará un recurso de reposición contra las autorizaciones ambientales otorgadas.

Uno de los principales puntos señalados es el uso de agua subterránea. Según los datos comunicados por Ecologistas Zamora y recogidos por El Periódico de la Energía, los dos proyectos disponen de concesiones vinculadas al acuífero Villafáfila y prevén extraer conjuntamente 233.911,4 metros cúbicos al año, una cantidad cercana a 234 millones de litros.

El grupo considera insuficientes los informes utilizados por la Junta para concluir que esas extracciones no tendrían efectos negativos sobre las lagunas. La reserva es presentada por la organización como el mayor espacio de concentración de aves de Castilla y León, por lo que reclama mayores garantías antes de permitir que los proyectos continúen avanzando.

Para revisar el alcance de los riesgos, los ecologistas pedirán acceso a los estudios hidrogeológicos, los ensayos de bombeo, los modelos numéricos de incertidumbre y los informes preceptivos incorporados a los expedientes. También plantean que la evaluación no se limite a estudiar cada planta por separado, ya que ambas fueron tramitadas de manera paralela y utilizarían recursos procedentes del mismo acuífero.

La agrupación también cuestionó las condiciones establecidas para consultar la documentación. En su comunicado denunció obstáculos burocráticos y criticó que la Administración autonómica exigiera el uso exclusivo de un formulario normalizado para facilitar el expediente completo. Su propósito es analizar la información técnica y reconstruir la secuencia administrativa de ambas autorizaciones.

Otro elemento del reclamo es el plazo de tramitación. La propia Junta reconoce en sus resoluciones que se superó el máximo de seis meses previsto por la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León para resolver y notificar una autorización de este tipo. La Administración atribuyó la demora a la solicitud de informes obligatorios, requerimientos de subsanación y aportes de documentación durante la instrucción.

Ecologistas Zamora afirma que todavía necesita conocer cuáles fueron esos informes, si se publicaron, en qué fechas se solicitaron y qué momento utilizó la Junta para reanudar el cómputo del plazo. El colectivo sospecha que pudieron aplicarse suspensiones genéricas sin comunicar individualmente las interrupciones a las partes interesadas, una posibilidad que pretende examinar mediante el acceso al expediente.

La controversia continuará ahora por las vías administrativa y ambiental. La paralización no ha sido acordada: es una medida cautelar que la organización solicitará mientras revisa la documentación y tramita su recurso. La decisión final corresponderá a las autoridades competentes, que deberán valorar los argumentos sobre los plazos, la disponibilidad de información y la protección hídrica de las Lagunas de Villafáfila.