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La Comisión Europea propone aplazar hasta 2028 las exigencias sobre metano para importadores de energía
El Ejecutivo comunitario ha presentado una propuesta formal para retrasar un año las obligaciones de medición y verificación de emisiones de metano para los importadores de hidrocarburos, una medida solicitada por Estados Unidos y varios socios europeos en respuesta a las tensiones en los mercados internacionales.
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En resumen
- 1El Ejecutivo comunitario ha presentado una propuesta formal para retrasar un año las obligaciones de medición y verificación de emisiones de metano para los importadores de hidrocarburos, una medida solicitada por Estados Unidos y varios socios europeos en respuesta a las tensiones en los mercados internacionales.
- 2La Comisión Europea ha presentado formalmente una propuesta para retrasar un año, hasta 2028, determinadas obligaciones sobre emisiones de metano dirigidas a los importadores de petróleo, gas y carbón.
- 3Esta iniciativa responde a una demanda planteada previamente por Estados Unidos, otros grandes exportadores de hidrocarburos y varios países integrantes de la propia Unión Europea.
La Comisión Europea ha presentado formalmente una propuesta para retrasar un año, hasta 2028, determinadas obligaciones sobre emisiones de metano dirigidas a los importadores de petróleo, gas y carbón. Esta iniciativa responde a una demanda planteada previamente por Estados Unidos, otros grandes exportadores de hidrocarburos y varios países integrantes de la propia Unión Europea. El Ejecutivo comunitario ha justificado esta modificación basándose en las tensiones detectadas en los mercados energéticos internacionales, las cuales se han visto agravadas por el conflicto en Oriente Próximo. Según la institución, estas tensiones están elevando los precios de la energía y amenazan con reducir la disponibilidad de gas y petróleo en territorio europeo. La medida propuesta modifica el reglamento europeo sobre metano que fue aprobado en el año 2024. Dicho reglamento afecta directamente a las obligaciones de medición, información y verificación de emisiones que deben cumplir los importadores de combustibles fósiles. Asimismo, la normativa incluye determinadas exigencias de información sobre la intensidad de metano que también resultan aplicables a los productores europeos. La decisión de llevar a cabo este aplazamiento fue avanzada la semana pasada ante el Parlamento Europeo por la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen. Este anuncio se ha producido en vísperas de la celebración de un Consejo Europeo, programado para jueves y viernes, donde los líderes de los países y las instituciones de la Unión Europea abordarán cuestiones relativas a la competitividad, entre otros asuntos de interés general. De acuerdo con la información aportada por la Comisión Europea mediante un comunicado oficial, Bruselas considera que este aplazamiento permitirá aliviar la presión que soportan actualmente tanto la industria europea como las administraciones nacionales. El objetivo declarado de la medida es evitar presiones adicionales sobre la seguridad del suministro de combustibles fósiles importados en el actual y complejo contexto geopolítico. Conforme al calendario que se había previsto inicialmente, la normativa establecía que a partir de enero de 2027 los importadores debían demostrar que los productores de terceros países aplicaban sistemas de medición, información y verificación de las emisiones de metano equivalentes a los exigidos dentro de la Unión Europea. Con la nueva propuesta, la aplicación de esta obligación concreta se retrasaría hasta el año 2028. Cabe destacar que el reglamento también contempla obligaciones progresivas sobre la intensidad de metano de las importaciones. Además, prevé el establecimiento de límites máximos a partir de 2030 para este gas, considerado el segundo gas de efecto invernadero que más contribuye al calentamiento global, superado únicamente por el dióxido de carbono. Antecedentes de la petición indican que tanto Estados Unidos como Qatar solicitaron a Bruselas en el mes de junio que modificara las normas vigentes. Con anterioridad, Washington había reclamado de manera específica una exención dirigida a sus exportaciones de gas y petróleo. En la misma línea, gobiernos como los de Alemania, Italia y la República Checa también habían solicitado formalmente postergar las nuevas obligaciones impuestas a la industria. Por su parte, la posibilidad de retrasar estas exigencias ha generado críticas por parte de diversas organizaciones ecologistas y de la sociedad civil. Durante su intervención ante la Eurocámara, el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, afirmó que la ambición de Europa en la lucha contra el cambio climático sigue siendo inquebrantable. Sin embargo, el comisario defendió la necesidad de adoptar una postura flexible y pragmática en la aplicación de las normas ante la perspectiva de un invierno complicado en lo referente a los precios de la energía. El representante socialdemócrata danés subrayó que la prioridad actual consiste en proteger a los ciudadanos europeos frente a la volatilidad de los precios y evitar riesgos adicionales para el suministro energético en un escenario marcado por restricciones a escala mundial. La Comisión Europea ha insistido reiteradamente en que la modificación propuesta no afecta de ningún modo a la ambición, la integridad ni al ámbito de aplicación general del reglamento. De igual forma, el organismo ha reafirmado su compromiso firme con la reducción de las emisiones de metano. Según los cálculos de Bruselas, este aplazamiento proporcionará un margen de tiempo mayor a los importadores para asegurar el cumplimiento pleno de los requisitos establecidos en el reglamento, especialmente en un momento calificado como difícil para los mercados energéticos mundiales. Para que la medida entre en vigor, la propuesta de la Comisión deberá recibir el visto bueno por parte del Parlamento Europeo y de los Estados miembros reunidos en el Consejo de la Unión Europea. Por este motivo, el Ejecutivo comunitario ha calificado como esencial la necesidad de alcanzar un acuerdo a tiempo que permita mantener la seguridad jurídica. Las reacciones críticas no se han hecho esperar. Más de cincuenta organizaciones de la sociedad civil, entre las cuales figuran entidades como Greenpeace, Amigos de la Tierra, la Fundación Renovables y ECODES, advirtieron mediante un comunicado conjunto que el aplazamiento no contribuirá a mejorar la seguridad energética ni a lograr una reducción en los precios. Desde la Red de Acción Climática se calificó la prórroga como otra concesión a la presión ejercida por la industria y a la agenda estadounidense de dominio energético. En respuesta a estas valoraciones, la portavoz de Energía de la Comisión Europea, Anna-Kaisa Itkonen, declaró en rueda de prensa que Bruselas no está cediendo ante los intereses de los grandes productores de petróleo. La portavoz argumentó que el aplazamiento responde exclusivamente a un llamamiento muy claro formulado por los Estados miembros con el propósito de aliviar la presión sobre sus respectivas industrias nacionales.



