La Comisión Europea impulsa un sistema de etiquetado para supervisar el gasto hídrico y eléctrico de los centros de datos

La Comisión Europea ha propuesto la creación de un sistema de clasificación común para los centros de datos situados en la Unión Europea con el objetivo de medir su impacto en la red eléctrica, así como su consumo de recursos hídricos y energéticos. Esta iniciativa surge ante el notable incremento de la demanda de energía derivado del auge de la inteligencia artificial. Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, señaló en un comunicado que triplicar la capacidad de estas instalaciones no debe traducirse en una mayor presión sobre las redes eléctricas, el agua o las facturas energéticas, destacando que la transparencia es el punto de partida. El nuevo sistema se aplicará a aquellas instalaciones que superen una capacidad de 500 kilovatios y evaluará elementos como la reutilización del calor residual, la instalación de capacidad adicional de generación limpia y la flexibilidad para adaptar el consumo a los requerimientos de la red. Según las estimaciones de la Comisión recogidas en la propuesta, los centros de datos consumieron aproximadamente 68 teravatios hora de electricidad en la Unión Europea durante 2024, y esta cifra podría elevarse hasta los 114 teravatios hora en 2030, lo que representaría más del 3% de la demanda eléctrica comunitaria total. Por su parte, el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, afirmó que comprender este consumo de recursos es el paso inicial para lograr una integración sostenible en el sistema energético y subrayó que la soberanía digital debe marchar junto a la responsabilidad energética. El reglamento delegado encargado de introducir esta clasificación deberá someterse a un periodo de control de dos meses por parte del Parlamento Europeo y del Consejo, contemplándose que las primeras etiquetas de sostenibilidad comiencen a exhibirse en el año 2027. Adicionalmente, el marco incluye una cláusula de revisión prevista para 2028 con el fin de analizar el impacto de la normativa sobre los contratos por diferencia y los acuerdos privados de compraventa de energía eléctrica.