La Comisión Europea expediente a España por demorarse en la presentación del plan de preparación ante crisis eléctricas

La Comisión Europea ha iniciado formalmente un procedimiento de infracción contra España, junto con Francia y Bélgica, debido a la falta de notificación sobre la actualización de su plan de preparación frente a riesgos en el sector eléctrico. De acuerdo con la información difundida, este documento debía presentarse ante Bruselas antes del pasado 5 de enero. Dichos planes nacionales tienen como finalidad recopilar las acciones necesarias para prevenir, afrontar y mitigar posibles crisis en el suministro eléctrico, abarcando situaciones como la escasez de combustible, ciberataques o interrupciones causadas por fenómenos meteorológicos extremos. La Comisión destacó mediante un comunicado que este instrumento resulta fundamental para garantizar la máxima preparación del sector y evitar o suavizar cortes en el suministro. La actuación contra España coincide temporalmente con el contexto posterior al gran apagón que impactó a la península ibérica el 28 de abril de 2025, si bien la institución europea aclaró que este expediente no se vincula con las causas de dicho suceso. Estas normativas nacionales exigen una actualización cuatrienal e incorporan escenarios de crisis regionales, además de mecanismos de coordinación transfronteriza entre los Estados miembros. Tras esta notificación, los tres países afectados disponen de un plazo de dos meses para emitir una respuesta a la Comisión y cumplir con la regulación. En paralelo, Bruselas adoptó otra medida contra España, Grecia, Italia y Malta al enviarles un dictamen motivado por no haber incorporado de forma plena en sus normativas nacionales la directiva europea de eficiencia energética, cuyo plazo de transposición finalizó el 11 de octubre de 2025. Esta legislación estipula metas de reducción en el consumo, prioriza la eficiencia en decisiones públicas y aborda la pobreza energética y la renovación de edificios. Para este segundo expediente, los cuatro Estados cuentan asimismo con dos meses para completar la transposición antes de que el caso pueda escalar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con posibles sanciones económicas.