Gobierno de Aragón solicita una revisión a fondo del real decreto sobre centros de datos por considerarlo inaplicable

El Gobierno de Aragón ha solicitado una revisión integral del proyecto de Real Decreto que regula los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital para los centros de datos, al calificar sus exigencias de casi imposible cumplimiento. Según detalló la consejera de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle, las condiciones planteadas por el Ejecutivo nacional actúan en la práctica como una barrera de entrada al sector en lugar de un mecanismo de ordenación, comprometiendo el desarrollo de infraestructuras clave para la transformación digital y la autonomía tecnológica europea. La normativa en tramitación pone en grave riesgo las inversiones anunciadas en Aragón vinculadas a esta industria, las cuales alcanzan los 54.000 millones de euros y podrían quedar paralizadas. Valle advirtió que esta situación genera una gran inquietud e incertidumbre entre los inversores actuales y potenciales, afectando de manera particular a la comunidad autónoma debido a la magnitud de los proyectos gestionados. Las alegaciones presentadas exigen modificar los requisitos energéticos contemplados en los artículos 7, 8 y 9 del texto, los cuales imponen condiciones consideradas inalcanzables con las tecnologías actuales y la configuración del sistema eléctrico español. Entre las obligaciones cuestionadas destacan la cuota renovable superior al noventa por ciento, la necesidad de cubrir el ochenta por ciento del consumo mediante generación renovable adicional y la correlación horaria. Asimismo, el Ejecutivo autonómico señala que la norma excede la habilitación legal vigente al introducir limitaciones sobre el acceso y la conexión a la red eléctrica mediante reglamento, además de aplicar efectos retroactivos a permisos ya concedidos. Esto último, de acuerdo con el Gobierno aragonés, genera inseguridad jurídica y eleva el riesgo de litigiosidad y reclamaciones patrimoniales contra las administraciones públicas. Por último, la administración autonómica alertó que el proyecto sitúa a España en una clara desventaja competitiva frente a otros países europeos que implementan enfoques más flexibles y periodos transitorios, impulsando una posible deslocalización de las inversiones. Igualmente, criticó que la Memoria del Análisis de Impacto Normativo carezca de una evaluación rigurosa sobre los efectos económicos, presupuestarios y territoriales de la regulación propuesta, restando valor a una normativa que condiciona el futuro de la economía digital y la competitividad regional.