El Gobierno plantea una nueva regulación para condicionar los centros de datos al suministro de energías renovables

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la necesidad de establecer una regulación específica para los centros de datos que vincule su expansión a la disponibilidad de nueva capacidad renovable. En un artículo de opinión difundido recientemente, el mandatario señaló que el propósito principal debe ser comerciar con bytes y no con vatios, abogando por un crecimiento de estas infraestructuras que guarde sintonía con la capacidad real del sistema eléctrico. La propuesta normativa se materializa en un proyecto de real decreto impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, cuyo periodo de alegaciones concluyó el pasado mes de septiembre y que actualmente avanza hacia su tramitación definitiva para su aprobación en el Consejo de Ministros.

De acuerdo con la información dada a conocer, el borrador normativo impactará a aquellas instalaciones que posean una potencia de acceso igual o superior a un megavatio, abarcando tanto los nuevos proyectos como los desarrollos que disponen de permisos pero todavía no se han conectado a la red. Entre las obligaciones principales figura la exigencia de cubrir el ochenta por ciento del consumo energético total mediante nueva generación renovable, implementada a través de fórmulas de autoconsumo o mediante contratos de adquisición de energía a largo plazo. Sánchez subrayó que el acceso a la red constituye un activo estratégico escaso que no debe verse bloqueado por iniciativas carentes de viabilidad o de aportes significativos a la economía.

El marco propuesto incorpora asimismo exigencias de eficiencia energética e hídrica, obligando a los operadores a divulgar indicadores clave de rendimiento para monitorizar el uso de los recursos y evitar el desperdicio. Según argumentó el jefe del Ejecutivo, los incrementos en la demanda eléctrica no deben traducirse en una mayor dependencia de los combustibles fósiles ni competir con los consumos ya existentes, sino servir como un estímulo para las inversiones en la transición energética. Asimismo, la normativa contempla salvaguardias orientadas al control de los datos y la gestión de infraestructuras para potenciar el sector tecnológico europeo y afianzar la soberanía digital del continente.

Respecto a la situación nacional, el presidente indicó que España todavía se encuentra alejada de las presiones que afrontan otras naciones, si bien el atractivo para la inversión ha generado solicitudes y permisos concedidos que superan ampliamente las previsiones de demanda para 2030, cifradas en hasta cuatro gigavatios. Ante este escenario, Sánchez advirtió sobre la proximidad de un punto de inflexión que exige una actuación anticipada, citando como advertencia casos internacionales donde estas instalaciones absorben porcentajes muy elevados del suministro eléctrico nacional y generan impactos asociados en su entorno. Finalmente, recalcó que la intención de estas medidas no consiste en frenar la innovación ni el crecimiento, sino en asegurar que ambos se desarrollen bajo parámetros de sostenibilidad económica, ambiental y social.