Aplazan el inicio del juicio por presunta estafa de 61 millones a grandes comercializadoras eléctricas debido a la baja médica del fiscal

La Audiencia Nacional ha suspendido el inicio del juicio oral contra una presunta trama dedicada a la estafa de comercializadoras eléctricas debido a la enfermedad del fiscal asignado al caso. La vista, que estaba programada para dar inicio un martes en la sede ubicada en San Fernando de Henares, ha quedado formalmente pospuesta hasta el próximo diecinueve de octubre, según ha informado una representante del ministerio público. De acuerdo con la explicación ofrecida ante la presidencia del tribunal, la alta complejidad que caracteriza a esta causa judicial impide que otro fiscal pueda asumir la representación procesal de manera inmediata sin comprometer el desarrollo de las sesiones. Pese al retraso en el comienzo del debate judicial, la representante de la fiscalía ha confirmado que los acuerdos de conformidad que se habrían alcanzado con la gran mayoría de los acusados continúan en pie. Estos pactos procesales permanecerán firmes hasta que se retomen las sesiones previstas para los días diecinueve, veinte, veintiuno y veintidós de octubre en las instalaciones de la Audiencia Nacional. La causa principal gira en torno a un perjuicio económico total que ha sido calculado en más de sesenta y un millones de euros. Según los datos aportados por Red Eléctrica Española, la cifra exacta del perjuicio asciende a sesenta y un coma tres millones de euros, afectando de manera directa a importantes empresas del sector energético del país como Endesa, Naturgy y Repsol. Los detalles de la investigación constan en un escrito de acusación de sesenta y nueve páginas al que se ha tenido acceso, donde se detalla el modus operandi de la red. La actividad ilícita se habría desarrollado mediante la creación y utilización de una estructura organizada de sociedades mercantiles que operaban principalmente desde centros situados en Barcelona y Madrid. Estas empresas se encargaban de captar clientes en el mercado, facturar el consumo eléctrico correspondiente y, de manera posterior, omitir el pago de la energía y los servicios adquiridos a otras entidades del sistema eléctrico. Dentro del escrito de acusación elaborado por la fiscalía se identifica a un total de diecisiete personas acusadas, a quienes se les imputan los presuntos delitos de estafa continuada, integración en organización criminal y blanqueo de capitales. Como presunto cabecilla y principal responsable de esta estructura delictiva, el ministerio fiscal señala a Esteban Roig Padrosa, para quien se ha solicitado una pena de dieciséis años de prisión. La distribución del perjuicio económico entre las empresas afectadas detalla que diecinueve coma ochenta y tres millones de euros corresponden a Endesa Generación, diecisiete coma veintinueve millones pertenecen a Naturgy y cuatro coma ochenta y cuatro millones afectan a Repsol. Asimismo, la fiscalía sostiene que la trama logró desviar una cantidad de cincuenta coma tres millones de euros hacia distintas sociedades vinculadas a la red. Este monto económico se habría movilizado mediante diversas transferencias con el propósito fundamental de ocultar los fondos y lograr su introducción posterior dentro de los circuitos económicos lícitos. El ministerio público ha advertido que las consecuencias de esta operativa no se limitaban exclusivamente a las empresas productoras de energía, sino que también repercutían negativamente sobre las distribuidoras y poseían el potencial de impactar en el precio final de la electricidad para los consumidores. El plan ideado por la organización tenía como objetivo principal la obtención de beneficios ilícitos, el desvío sistemático del capital hacia otras entidades corporativas y la ocultación del destino final de los recursos. Para lograr la apariencia de legalidad necesaria, los implicados constituían o adquirían firmas comerciales y depositaban las garantías financieras iniciales exigidas para poder operar legalmente en el mercado. Una vez obtenidas las autorizaciones, se lanzaban ofertas con precios sumamente bajos para conseguir atraer a una amplia cartera de clientes y elevar artificialmente la facturación. En cuanto la clientela se encontraba cautiva, las empresas comenzaban a reducir de forma progresiva la adquisición real de electricidad en el mercado mayorista. En determinados casos analizados por la acusación, estas comercializadoras llegaron a comprar tan solo un cinco por ciento de la energía que necesitaban para cubrir la demanda prevista, mientras continuaban emitiendo facturas y cobrando a sus abonados. Cuando una de las comercializadoras acumulaba un volumen insostenible de impagos y terminaba siendo inhabilitada por las autoridades, la red procedía a trasladar a los clientes y parte de la operativa comercial a otra sociedad diferente para garantizar la continuidad del fraude. Los fondos obtenidos eran transferidos de forma sistemática hacia sociedades vinculadas, cuentas bancarias específicas y empresas de carácter patrimonial para dificultar su rastreo. El escrito fiscal señala además que existía un retraso estimado de entre siete y ocho meses en la liquidación definitiva de determinados desvíos eléctricos, una circunstancia que facilitaba que la actividad irregular pudiera prolongarse durante más tiempo antes de que se conociera la dimensión real de la deuda acumulada.